El 22 de abril el Gobierno de Canarias modificó algunas medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria originada por el COVID-19.

Una de las medidas para hostelería y restauración consiste que, en islas de nivel 1 y 2, deben llevar un registro de entrada de clientes, conservando los datos durante un mes, con su nombre, apellido y teléfono de contacto, además de fecha y horario del servicio.

El sector comenzó a tomar los datos en papel, una tarea administrativa añadida que quita tiempo a los empleados y que vulnera la protección de datos.